Al evaluar la gestión del beneficio de sala cuna —bajo el Artículo 203 del Código del Trabajo— las empresas suelen debatir entre asumir la administración de forma interna o tercerizarla.
Sin embargo, al analizar los costos ocultos, el impacto tributario y las horas hombre invertidas, la balanza se inclina significativamente a favor de una solución especializada como Pluxee Sala Cuna, la cual resulta mucho más eficiente, conveniente y segura para las organizaciones.
El primer factor financiero determinante radica en el tratamiento impositivo del beneficio. El servicio de Pluxee Sala Cuna está totalmente exento de IVA, lo que representa una ventaja tributaria directa frente a la entrega de dinero o bonos compensatorios directos a la colaboradora.
Esta última modalidad no solo requiere una autorización estricta de la Dirección del Trabajo, sino que también puede verse afecta a complejidades en la liquidación de sueldo, encareciendo el costo real para la empresa.
El segundo factor corresponde a los costos operativos y el tiempo de gestión. Administrar este beneficio de manera interna genera un gasto invisible pero elevado para los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad.
Optar por la vía manual implica que la empresa debe asumir las siguientes tareas mes a mes:
- Emitir decenas de transferencias individuales a diferentes establecimientos.
- Validar que cada jardín cuente con el reconocimiento oficial del Mineduc o la JUNJI.
- Revisar manualmente las asistencias y matrículas para evitar pagos duplicados o erróneos.
- Correr el riesgo de multas debido a desfases en los pagos o pérdida de documentación.
En contraste, al externalizar el servicio con Pluxee, toda esta pesada carga administrativa desaparece. El empleador opera a través de una plataforma digital autogestionable desde la cual realiza un único pago consolidado mensual; luego, Pluxee se encarga de dispersar los fondos a las salas cunas certificadas y controlar el uso correcto de los recursos.
De esta forma, las organizaciones reducen drásticamente sus costos internos, mitigan riesgos legales y cumplen con la ley de manera segura, transparente y con un uso óptimo de su presupuesto.